El Gob pide el cese del director insular de Carreteras

El grupo ecologista considera "innegociable" la necesidad de que se retire el proyecto de la Vía Conectora de mejora de los accesos a Palma


DIARIODEMALLORCA.ES/EFE. PALMA El grupo ecologista Gob ha asegurado hoy que considera "innegociable" la necesidad de que se retire el proyecto de la Vía Conectora de mejora de los accesos a Palma y ha pedido el cese de su responsable, el director insular de Carreteras, Ernesto Santamaria.

La entidad conservacionista ha calificado en un comunicado de "indignante" la postura del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma ante el proyecto, ya que considera que ambas instituciones "maquillan un proyecto inasumible y lleno de despropósitos" y "siguen con la directa puesta" para consolidarlo.

El Gob ha recordado los argumentos técnicos por los que rechaza la infraestructura como son que carece de un estudio de movilidad previo que lo justifique, esta sobredimensionado y se ha tramitado de forma fraccionada incumpliendo la normativa de evaluaciones de impacto ambiental.

Reclaman que se tramite en un solo proyecto y que se elabore en función de criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

En opinión del Gob, los 157 millones de euros en los que está presupuestada la obra "se podrían destinar a mejorar la red y conexiones del transporte público" y suponen "50 millones de euros de sobrecoste respecto a lo firmado en el Convenio de Carreteras".

La entidad critica que la vía es "una autopista que condena la relación de las barriadas y la parte foránea con la ciudad al servicio del coche".

"Cada kilómetro de esta autopista costará 10,46 millones de euros. El coste es 10 veces mayor que una carretera y el consumo de territorio 5 veces mayor", señala el Gob en la nota, que recuerda que el proyecto incluye 14 puentes y 30 enlaces que no estaban previstos en el Plan Director Sectorial de Carreteras.

La organización rechaza también que la obra afectará "a más de 50 fincas rurales del entorno de Palma" y significará "la expropiación y demolición de más de 15 casas".

El Gob considera que el Ayuntamiento de Palma "debe exigir el replanteamiento íntegro de esta infraestructura y cuestionar su necesidad y tramitación públicamente", porque "atenta contra las políticas de movilidad que ha impulsado Cort en esta legislatura".